Carlos Jiménez, periodista mexicano, enfrenta censura judicial tras una demanda de la fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo, quien lo acusa de violar su honor en investigaciones publicadas. La medida, emitida en enero de 2025, ha sido criticada como un abuso legal para silenciar la prensa independiente. Este caso subraya el creciente riesgo de restricciones a la libertad de expresión en México.

En México, el 10 de junio de 1971 el gobierno usó al grupo paramilitar Los Halcones para reprimir una marcha estudiantil, dejando decenas de muertos y heridos. Se incautó prensa, se intimidó a periodistas y se difundió desinformación oficial. Hasta el año 2000 no hubo investigaciones efectivas; en 2021 el Estado reconoció la masacre como crimen de Estado, pero sin sanciones concretas.

En México, el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, bloqueó en Twitter al periodista Miguel León Carmona, impidiéndole acceder a información de interés público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2019 que dicho bloqueo violó el derecho de acceso a la información, sentando un precedente sobre el uso de redes sociales por funcionarios públicos.

En México, el asesinato de la periodista Miroslava Breach en 2017 evidenció la colusión entre crimen organizado y autoridades en Chihuahua. Su trabajo investigativo expuso nexos narco-políticos, lo que desencadenó amenazas y finalmente su homicidio. Aunque hubo condenas, persisten órdenes de captura sin ejecutar. El caso generó censura, autocensura y denuncias de impunidad, afectando gravemente la libertad de prensa en la región.

En 2020, legisladores de Puebla, México propusieron reformar el Código Penal para castigar con hasta 12 años de prisión la difusión de “noticias falsas” durante emergencias. La iniciativa fue ampliamente criticada por su ambigüedad y potencial para censurar y criminalizar la libertad de expresión. La presión social impidió su aprobación, pero el caso evidenció riesgos graves para la libertad de prensa y el debate democrático en México.

El Ejército de México utilizó el software espía Pegasus entre 2006 y 2024 para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, bajo los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y López Obrador. El espionaje fomentó la censura, debilitó la democracia y consolidó el poder militar sin transparencia ni rendición de cuentas.

En abril de 2025, el estado de Chiapas, México, aprobó un reglamento que permite suspender transmisiones de radios comunitarias por contenidos “subversivos”. Al menos 22 emisoras indígenas denunciaron falta de consulta previa y censura indirecta. La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunicadores.

En México, Grupo Salinas demandó a siete comunicadores por presunto “terrorismo financiero” tras publicaciones en redes que alertaban sobre la supuesta quiebra de Banco Azteca. El caso, aún en etapa preliminar, ha generado preocupaciones por su posible impacto en la libertad de expresión y el uso del sistema judicial por actores económicos para intimidar al periodismo crítico.

En México, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones presentada en abril de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado controversia por centralizar facultades regulatorias en una nueva agencia, permitir bloqueos digitales por motivos ambiguos y exigir registro biométrico.

Entre 2018 y 2024, el medio Línea Directa Portal en Sinaloa, México habría sido objeto de presiones, intimidación y posibles actos de censura indirecta, en un contexto de fuerte influencia del crimen organizado y presunta participación de actores estatales y militares. Las tácticas incluyen manipulación de publicidad oficial, ataques verbales, acoso legal, vigilancia digital y violencia física.

Radio Cholollan (XHSBE-FM) es una emisora comunitaria en Puebla, México, operada por comunidades nahuas. Desde 2009, actúa como herramienta de comunicación, defensa territorial y preservación cultural, especialmente en contextos donde los medios comerciales son excluyentes. Su labor ha generado hostigamiento sistemático, incluyendo allanamientos, amenazas y vigilancia, dirigidos particularmente contra la comunicadora Miryam Vargas Teutle.