La periodista Elyangélica González fue agredida físicamente por la Guardia Nacional Bolivariana mientras cubría una protesta frente al Tribunal Supremo en Caracas, Venezuela, en marzo de 2017. El hecho, ampliamente documentado, se convirtió en un símbolo de la violencia institucional contra la prensa durante las protestas antigubernamentales en el país.

En enero de 2019, el proveedor estatal CANTV bloqueó el acceso a Wikipedia y al sitio del Frente Amplio en Venezuela. La medida coincidió con la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino y fue parte de una estrategia de censura digital. Organizaciones internacionales denunciaron el uso de técnicas avanzadas de filtrado para restringir el acceso a información crítica.

Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, fue detenida arbitrariamente en agosto de 2024 en Venezuela y permaneció desaparecida por más de cuatro meses. Su detención fue denunciada como una forma de represalia política vinculada a la persecución de su madre opositora. El caso generó condena internacional y evidenció la censura sistemática contra la prensa en el país.

En mayo de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), principal fuente independiente de datos sobre inflación, tipo de cambio y pobreza en Venezuela, sufrió un bloqueo coordinado por CONATEL que inhabilitó su sitio web (DNS, IP, SNI y DPI) sin respaldo judicial ni notificación previa.

La Operación Tun Tun, iniciada en 2017 por Diosdado Cabello, es una táctica de represión estatal en Venezuela caracterizada por allanamientos nocturnos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y persecución sistemática de opositores, científicos, periodistas y sociedad civil, con uso de tecnología para vigilancia; ha escalado en distintos periodos, incluyendo tras las elecciones de 2024, y ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas y represión política generalizada.

En Venezuela, la libertad de expresión está gravemente amenazada. El periodista Rory Branker fue detenido por el SEBIN el 20 de febrero de 2025 y sigue desaparecido sin cargos claros, lo que evidencia censura, persecución judicial y violaciones a los derechos humanos. Su caso refleja el uso del miedo, la represión y la censura para silenciar al periodismo independiente.

En agosto de 2024, el gobierno de Venezuela bloqueó la red social X (antes Twitter) tras acusarla de incitar protestas tras las elecciones presidenciales. La medida, parte de un patrón de censura digital, generó rechazo nacional e internacional y afectó gravemente el acceso a la información y la libertad de expresión en el país.

El Bus TV es una iniciativa de periodismo ciudadano en Venezuela que informa a través de noticieros en autobuses y carteles públicos, surgida ante la censura estatal y el cierre de medios. Desde 2017, ha empleado métodos creativos para mantener informada a la población, pese al hostigamiento, bloqueos y restricciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia informativa.

En Venezuela, el medio digital Venepress fue cerrado en 2019 tras un allanamiento del SEBIN sin orden judicial. Aunque no hubo cargos formales, el hecho fue interpretado como una forma de censura, generando condenas nacionales e internacionales. El caso refleja una estrategia estatal de represión informativa y debilitamiento sistemático de medios independientes.

Desde 2018, el gobierno en Venezuela ha intensificado la censura digital utilizando tecnologías avanzadas como inspección profunda de paquetes (DPI) para bloquear el acceso a Tor, VPN y otros medios de comunicación cifrada. Estas acciones, coordinadas entre organismos estatales y empresas como Huawei, buscan sofocar la disidencia, vigilar a los usuarios y controlar la información, vulnerando derechos fundamentales y generando autocensura, exilios digitales y legales.

Desde 2017, el medio venezolano Armando.Info ha sido blanco de censura y persecución tras investigar al empresario Alex Saab, vinculado al gobierno. Los periodistas fueron demandados y forzados al exilio, mientras el sitio web fue bloqueado y sus investigaciones restringidas por CONATEL. A esto se sumaron campañas de desprestigio y acusaciones sin pruebas. El caso evidencia cómo el gobierno usa censura digital y persecución judicial para silenciar al periodismo independiente en Venezuela.

Entre 2019 y 2023, el Estado venezolano implementó una política sistemática de censura digital, bloqueando masivamente medios críticos, restringiendo el acceso a información independiente y ejerciendo represión digital, en violación directa de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información en Venezuela.