En abril de 2025, el gobierno de Perú intentó censurar la investigación “Dorada Opacidad” de OjoPúblico, amparado en la Ley APCI modificada en 2024. La norma exige autorización estatal previa para difundir contenidos financiados internacionalmente. La investigación exponía corrupción minera y evasión fiscal. El caso provocó rechazo nacional e internacional, al considerarse una amenaza directa a la libertad de prensa en el país.

Desde 2018, el medio peruano IDL-Reporteros ha sido blanco de persecución judicial y ataques mediáticos tras revelar el escándalo de corrupción "CNM Audios". Su director, Gustavo Gorriti, ha enfrentado presiones del Ministerio Público, intentos legislativos para limitar el periodismo y campañas de desprestigio. Este caso ejemplifica la censura indirecta en Perú y representa una amenaza grave a la libertad de prensa y la democracia.

Durante la década de 1990 y comienzos de los 2000, el régimen de Alberto Fujimori, mediante Vladimiro Montesinos y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), implementó un esquema de control indirecto sobre medios de Perú. Uno de los casos más emblemáticos fue Panamericana Televisión. A través de sobornos sistemáticos —registrados en los llamados vladi-videos— se compró la línea editorial del canal mediante su accionista mayoritario, Ernesto Schutz Landázuri.