Entre 2019 y 2025, en Colombia, unidades del Ejército realizaron interceptaciones ilegales a más de 130 periodistas, políticos y defensores de derechos humanos sin orden judicial. A pesar de las denuncias y presión pública, los responsables recibieron sanciones leves. Organismos nacionales e internacionales criticaron la falta de transparencia y justicia efectiva.

El caso del periodista Gonzalo Guillén ejemplifica la censura institucional en Colombia. A lo largo de una década, ha sido blanco de amenazas, ciberataques, espionaje ilegal y persecución judicial por denunciar vínculos entre figuras políticas, militares y estructuras criminales.

Durante el Paro Nacional de mayo de 2021 en Colombia, se documentaron cortes de internet en Cali que impidieron la cobertura de protestas y la libertad de expresión. ONG y periodistas presentaron una tutela ante la Corte Constitucional, que reconoció el acceso a internet como derecho fundamental y ordenó investigar responsabilidades del Estado y garantizar transparencia en el uso de inhibidores de señal.

Durante el ciclo de protestas en Colombia (2020–2022), se documentaron múltiples formas de censura tecnológica indirecta contra medios independientes, incluyendo bloqueos selectivos, throttling, vigilancia digital y moderación opaca en redes sociales, sin respaldo judicial ni transparencia, lo que constituye una modalidad emergente de represión informativa con graves implicaciones democráticas.