Entre 2007 y 2015 en Argentina, el gobierno intervino el INDEC para “maquillar” el Índice de Precios al Consumidor, mostrando inflaciones inferiores a las reales. Académicos, consultoras y ONGs difundieron índices alternativos hasta que, en diciembre de 2015, se declaró la “emergencia estadística”, se suspendieron las publicaciones oficiales y se ordenó una auditoría externa para restaurar la fiabilidad.